28 de agosto. Trabajadores de Caudalosa en plena limpieza del río Huachocolpa en Huancavelica. La empresa asegura que ya concluyó con el recojo de relaves, pero las autoridades fiscalizadoras aseguran que esta labor ha sido insuficiente (Foto: Milagros Salazar).
El síndrome de La Oroya, ciudad contaminada por una planta de fundición metalúrgica de la que muchos dependen y muchos más se enferman, se reproduce en la zona más pobre del país: Huancavelica, después de cuatro meses del mayor derrame minero de relaves en la región provocado por la empresa Caudalosa.
Luego de acciones claramente insuficientes de limpieza, los rastros del vertimiento de 25 mil metros cúbicos de desechos tóxicos permanecen a lo largo de 100 kilómetros de un río que cambia de nombre según el pueblo que recorra: Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba y Cachimayo.
Hay huellas de sedimentos en por lo menos 14 lugares, según el gobierno regional de Huancavelica. Ha disminuido considerablemente la cantidad de truchas en el río Opamayo que servían de alimentación para la comunidad de Palcas, de unos 400 habitantes, y dos pueblos piden agua limpia para beber porque continúan abasteciéndose del río Urubamba que en sus orillas presenta rastros de relaves.
Pero si unos reclaman por ríos contaminados, otros defienden su trabajo. Obreros de Caudalosa, acompañados por sus familias, se movilizaron el 18 y 19 de octubre a la ciudad de Huancavelica para exigir a las autoridades el reinicio de las operaciones de la empresa que permanece paralizada desde el 25 de junio, fecha del desastre ambiental.
Los mineros participaron en la limpieza de los ríos por lo que recibieron hasta agosto su sueldo habitual de mil 200 soles al mes en promedio pero a cuenta gotas, según el sindicato de trabajadores. Sostienen que el recojo de relaves ha sido suficiente y que las actividades mineras deben reanudarse de inmediato. Aseguran no recibir pago alguno desde setiembre en que concluyeron la limpieza.
Pero los riesgos para la salud no han sido identificados por la simple observación, un reciente informe de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) advierte que persisten las concentraciones de minerales tóxicos en cinco de los 11 puntos, donde los técnicos de esta entidad estatal tomaron muestras de agua para ser evaluados por el laboratorio Envirolab Perú S.A.C.
Inspectores de la ANA recogen muestras de agua en presencia del fiscal de Huancavelica (Foto: Milagros Salazar).
La inspección fue realizada el 26 y 27 de agosto a lo largo de 100 kilómetros con representantes de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, el Ministerio Público y de la propia empresa Caudalosa que por estos días anunciaba haber recogido más del 95% de los vertimientos tóxicos. La limpieza se realizó entre julio y la primera semana de setiembre empleando unas mil personas, entre trabajadores y pobladores contratados por 20 soles la jornada de seis horas.
IDL-Reporteros acompañó el monitoreo y comprobó que el retiro de relaves ha sido insuficiente, a pesar que el 2 de setiembre venció el plazo para que Caudalosa concluya con la limpieza de los cauces. Todo el plan de remediación está programado para ser ejecutado en 90 días e incluye otras acciones como la reforestación de pastizales, el cercado de los ríos para evitar que el ganado beba de estas aguas contaminadas, instalación de abrevaderos y el sembrío de truchas.
Plomo y arsénico
El informe de la ANA revela que las “partes más críticas” son los ríos Escalera y Huachocolpa, donde se encuentran las poblaciones de Totorapampa y Chuñumayo .
En el punto 2 de monitoreo, en pleno río Escalera y a 100 metros aguas arriba de Caudalosa, las concentraciones de arsénico, cadmio, hierro, manganeso, plomo y zinc superan lo permitido por el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para el agua de riego y crianza de ganado (categoría 3 en la clasificación de la ANA). En cadmio, se excede 6.36 veces, en manganeso hasta en 8.345. Antes del derrame, estos ríos ya habían sido catalogados por la ANA como aptas sólo para la actividad agropecuaria y no para el consumo humano.
Pero la realidad no repara en las clasificaciones técnicas: las decenas de familias de las localidades huancavelicanas de Huarpa y Santa Rosa de Tincuy beben de las aguas del Urubamba, uno de los ríos afectados por el derrame. Los pobladores aseguraron a IDL-Reporteros que su única fuente de agua es este río.
Pero incluso en las zonas donde las aguas contaminadas sólo se usan para el riego, habrá un impacto indirecto sobre las personas. El plomo y cadmio se acumulan en los productos agrícolas y a través de estos en los seres humanos, explica la doctora Jazmín Hurtado, jefa del Departamento de Microbiología de la Universidad Cayetano Heredia.
El plomo y el cadmio afectan al sistema nervioso. Los efectos pueden revelarse a largo plazo pero las medidas de protección a la salud deben tomarse de inmediato, asegura Hurtado. La especialista cuestiona que las autoridades midan el impacto de cada mineral por separado y no el gran daño que pueden ocasionar en su conjunto en el organismo.
A la altura del río Huachocolpa, el tercer punto de supervisión, se ha registrado arsénico, cadmio, calcio, zinc y manganeso por encima del ECA de categoría 3, incluso la concentración de este último mineral es doce veces más del límite aceptable mientras que la presencia de arsénico se triplica con 0,153 miligramos por litro (mg/l) cuando lo permitido es 0.05 (mg/l).
El arsénico es un veneno poderoso cuya toxicidad se manifiesta a partir de ingestas de 100 miligramos.
En los puntos cuatro y cinco del monitoreo, en el río Opamayo, la mayoría de estos minerales supera el ECA, mientras que en el punto 6 que pertenece al río Lircay, aún hay presencia de arsénico por encima de lo tolerable. Esta zona fue la más golpeada por el derrame.
El 26 de junio, al día siguiente del colapso, la Dirección General de Salud (Digesa) detectó en el Opamayo, cercano a la comunidad de Palcas en Angaraes, cantidades industriales de agentes tóxicos. En cadmio, entre 245 y 265 veces el ECA para riego. En plomo, entre 2 mil 785 y 3 mil 61 veces.
El cuadro tóxico en el río fue mucho más grave para los peces. La presencia de zinc excedió en 9 mil 752 veces lo establecido como ECA para la vida acuática (categoría 4) y en el caso del plomo, en 153 mil 119 veces. Cientos de truchas murieron.
Hoy, las concentraciones de agentes tóxicos en el Opamayo han disminuido considerablemente, pero las cantidades de plomo aún superan 10.6 veces el ECA de categoría 4 y en casi 8 veces lo permitido para el arsénico. La situación actual en el río Escalera es no menos preocupante: hay cantidades de zinc en 202 veces más de lo tolerable para que sobrevivan las truchas.
Los 11 puntos monitoreados por la ANA a lo largo de 100 km. de los ríos contaminados.
Daños a la salud
La zona tenía niveles altos de contaminación incluso antes del derrame. De acuerdo con una evaluación de Digesa del 27 y 28 de mayo de 2010, la presencia de cobre, cadmio, plomo, zinc, manganeso y fierro fue crítica en el río Escalera. En uno de los puntos de monitoreo, se detectó cadmio de hasta 20 veces más de lo permitido.
El 15 de julio, 20 días después del derrame, Digesa también halló cadmio y arsénico por encima del ECA en los ríos Urubamba y Cachimayo, de los cuales beben los pobladores de Santa Rosa de Tincuy y Huarpa.
“Llegaron médicos para decir que no tomemos esta agua que vino como mazamorra. Dicen que vamos a morir por el plomo de aquí a 15 años, pero no nos traen agua limpia. ¿Qué vamos a tomar?”, increpó Lorenzo Montero de Santa Rosa. El agricultor aseguró durante la inspección de la ANA que los comuneros recogieron los relaves sin recibir algún pago de la empresa. El funcionario de Caudalosa, Agustín Mauricio, se comprometió a solucionarlo.
¿“Limpieza extrema”?
A pesar de este panorama, el asesor de Caudalosa y ex viceministro de minas en el gobierno de Fujimori, Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, señaló –en una reunión del 23 de setiembre con los congresistas Washington Zeballos, Miro Ruiz y José Saldaña–, que la empresa “ha tratado de llegar a una limpieza extrema”. Ruiz increpó a la empresa por el daño ambiental permanente, Saldaña fue complaciente y Zeballos puso el punto de equilibrio.
La empresa solicitó a Zeballos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, un encuentro reservado con el propósito de conseguir que el Parlamento intercediera ante el Ejecutivo para que la mina reanudara sus operaciones cuanto antes al haber concluido la limpieza de los ríos.
Pero esto no sería fácil. IDL-Reporteros pudo conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, ya terminó de evaluar los avances y considera que la limpieza debe continuar. El retiro de sedimentos con lampas y bolsas de plástico a cargo de los pobladores contratados por Caudalosa no parece ser eficaz. Los obreros de la empresa trabajan principalmente en las zonas donde se requiere maquinaria pesada.
De acuerdo con el plan de remediación de Caudalosa, aprobado por el gobierno, el recojo de sedimentos se realiza hasta el kilómetro 40 a pesar que el daño va más allá del kilómetro 100, en el límite con Ayacucho. Para subsanar el error, la OEFA habría recomendado ampliar el área de limpieza.
En el Congreso, Ramírez, acompañado del gerente de operaciones Luis Seijas y el gerente general Alberto Pescetto Raffo, pidió el apoyo de los legisladores aduciendo que la población depende económicamente de Caudalosa y que se estaba generando “una diáspora en el sitio”. Lo que se sabe es que la compañía ha dado facilidades a los dirigentes del sindicato de trabajadores para que reclamen ante las autoridades por el reinicio de la explotación minera.
Alberto Pescetto Raffo y su asesor Juan Carlos Ramírez en reunión reservada en el Congreso (Foto: Milagros Salazar).
Pescetto Raffo está impaciente. Aunque la producción de 41 mil 635 toneladas métricas de cobre, plomo y zinc de Caudalosa en 2009, confirma que es una mediana minera, los altos precios de los metales la convierten en un gran negocio. El cobre se cotizó en octubre en 371 dólares la onza, su mejor precio desde 2008.
En 2009, la empresa, del grupo Raffo, registró 36.7 millones de dólares en ventas, según el Ministerio de Energía y Minas. Las utilidades son altas. En 2007, por ejemplo, logró ganancias de 8.9 millones de dólares. Tales montos parecen suficientes para enfrentar la remediación ambiental en Huancavelica que según autoridades consultadas llegaría al millón de dólares.
Tras la sesión en el Parlamento, IDL-Reporteros insistió en hablar con Pescetto Raffo, pero éste no quiso hacerlo. Después de varias llamadas al celular de Juan Carlos Ramírez y Pablo Cateriano, asesor en temas de comunicaciones, éste último respondió que “la alta dirección no dará información”.
Confrontación judicial
Junto con las acciones en el campo (trabajos e inspecciones), las presiones y las gestiones políticas, otra de las secuelas del derrame es la acción persistente de Caudalosa para disminuir su responsabilidad y confrontar a las autoridades del Estado encargadas de fiscalizar o sancionar, especialmente a la ANA, que ha sido consistente en su fiscalización y severa al calibrar las consecuencias del daño.
En una de sus gestiones, los representantes de la compañía se presentaron ante la dirección de la ANA la primera semana de setiembre asegurando que la autora de esta nota asistió al monitoreo de los ríos haciéndose pasar como funcionaria de este organismo fiscalizador. Dejaron entrever que los resultados de la evaluación podían ser impugnados por este motivo.
No fue, ni mucho menos, así. Esta periodista se identificó claramente ante los funcionarios de la compañía: el jefe del Programa de Seguridad y Medio Ambiente, Agustín Mauricio, y el superintendente general de la mina, Salvador Robles.
En otro episodio revelador: la compañía logró obtener copia de la resolución que estaba trabajando la ANA en forma reservada para embargar las cuentas de Caudalosa, a fin de cobrar la multa de 36 millones de soles (10 mil UIT) que le impuso en primera instancia.
Caudalosa ha cuestionado las competencias fiscalizadoras de la ANA en el ámbito administrativo. Para no pagar la multa, presentó una apelación ante la segunda instancia de esta institución con el asesoramiento del abogado Marco Antonio Rivera Noya, del estudio Osterling.
El 26 de agosto Caudalosa solicitó al Ministerio del Ambiente que dirima sobre las funciones fiscalizadoras de la ANA, de la OEFA y de Osinergmin, sosteniendo que se superponían. Esta vez, el representante legal fue Felipe Huertas del Pino, también del estudio Osterling.
Recientemente, el pedido de Caudalosa fue rechazado por el Ministerio del Ambiente.
También fue recusado el fiscal de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica, Frans Ponce Rosado, quien interpuso una medida cautelar para suspender temporalmente las operaciones de Caudalosa cuando ocurrió el derrame.
Caudalosa presentó tres recursos de Habeas Corpus en juzgados del Cono Norte, el Callao y el Cercado de Lima, aduciendo que el fiscal Ponce vulnera sus derechos al investigar el caso. Sin aclarar cuál era su pertinencia geográfica o su conocimiento experto del caso, el Vigésimo Juzgado Penal de Lima admitió expeditivamente el recurso.
Junto con las escaramuzas legales que intentan mantener la impotencia regulatoria del Estado, y también con acciones de relaciones públicas dirigidas a los líderes comunales, Caudalosa busca voltear la página y reiniciar operaciones, ahora que los precios de los metales están muy altos. Pero si las aguas siguen turbias, ¿no hay que limpiarlas primero, y reparar a los afectados?
Con la experiencia de los recientes derrames catastróficos en el Golfo de México y en Hungría (sin contar las lecciones de los dramáticos accidentes mineros en Chile y Ecuador), ¿no corresponde una acción reguladora y de fiscalización mucho más exigente y severa por parte del Estado? ¿No le corresponde entender a la minera que, al final, es hasta su propio interés trabajar con seguridad y limpieza? ¿Es tan difícil entenderlo?
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